Un acto de hospitalidad no puede ser sino poético.
JAQUES DERRIDA
Introducción
La prácticas sociales[1] de un estado que se expresan a través de acciones institucionales disciplinarias generan enunciados que configuran, sitúan, al sujeto de atención en un entramado de relaciones y significados.
Se nombra para hacer aparecer y, a la vez, para obviar contenidos problemáticos e incombustibles respecto a la acción social del estado que constituyen el trasfondo de la operación de enunciación.
Esta relación usuario/estado no sólo no es reciproca sino que tampoco es igualitaria ya que los enunciados estatales-institucionales que se expresan en la Política Social, generan realidad en la subordinación del sujeto respecto a la misma.
Este rasgo se acentúa si consideramos la grave crisis de representatividad política que aqueja a la mayor parte de los países latinoamericanos en la actualidad y sumamos, además, los graves conflictos internos que enfrentan respecto a seguridad interna (delincuencia), conflictos ecológicos y los efectos de las migraciones internacionales.
Considero que es posible dar seguimiento no sólo a una semántica asociada a los tipos de sujetos “objeto” de política social, sino que también, desde el modelo de desarrollo implementado en cada etapa de la historia de Chile, me parece posible dimensionar un tipo de orientación fundamental que adoptó la política social y que acentuó su interés por determinadas realidades sociales marginales y no otras.
Al respecto cabe señalar que cada uno de los modelos de desarrollo económico intentados en el país, no sólo se fundaron en prácticas e ideas económicas unilateralmente, sino que a su vez, en políticas sociales determinadas y ciertamente complementarias, donde la política social puede ser concebida como: “una intervención ampliada sobre los pobres en particular y la sociedad en general, con el objeto de hacerla funcional a los objetivos de producción (de riqueza), de reproducción (ideológico-cultural) de la civilización moderna o de mayor o menor democratización de las estructuras por la vía política, es decir, no represiva/no revolucionaria” (ILLANES 2004).
Resulta difícil negar que la acción social del estado desde 1924 a la fecha ha devenido cada vez más profesional, técnica. Es así como hoy se reconoce abiertamente y, existe consenso político asociado, a que el objetivo principal de ella (la política social) es ser eficaz y eficiente[2].
Junto a la profesionalización de la función disciplinaria del estado en general y de la acción social estatal en lo específico es posible, además, observar en el transcurso histórico de los últimos 30 años, el paso desde políticas sociales orientadas a la redistribución (cuyo máximo exponente político fue el gobierno de la unidad popular), a la consolidación, bajo un contexto de dictadura militar, treinta años después, de un estado de carácter subsidiario neoliberal, que hoy administra la concertación de partidos por la democracia. Nos preguntamos, entonces: ¿Cuál es el tipo de sujeto que configura, nombra, conmina, la política social en el funcionamiento de un estado tecnificado de carácter subsidiario orientado por un modelo económico neoliberal?
I. El largo camino hacia la subsidiariedad institucionalizada
Con el quiebre institucional del año 1973 asistimos a lo que Moulian denomina revolución neoliberal[3], es decir, una transformación radical del modelo económico y social del país que, como veremos, comportó un cambio en el rol del estado respecto a la economía y a la distribución de la riqueza generada por ésta, por lo tanto, respecto a su matriz política y social (CAÑAS KIRBY:1997)
El año 1973 marca, entonces, el momento de la implementación de un estado de carácter subsidiario y el desmantelamiento progresivo del estado benefactor que le antecedió. En este momento la política social adquiere los rasgos principales y contradicciones con que deberán lidiar los gobiernos que, el año 1990, asumen la dirección del país.
Para lograr la implementación eficaz de un sistema económico neoliberal el gobierno autoritario debió combinar una política antiinflacionaria (que redujo drásticamente el gasto social) conjuntamente con una reducción del aparato estatal. Por otra parte, esta estrategia de desarrollo descansará básicamente en el sector privado como agente de desarrollo económico.
Es así como se espera que las condiciones de vida de los grupos más pobres del país mejoren a través del crecimiento económico más que mediante una política de redistribución económica como en el periodo anterior donde las políticas sociales apuntaban hacia la redistribución de la riqueza.
A partir del año 1974, el régimen militar se propuso transformar sustancialmente la política social. Ahora ésta, en primer lugar, debía subordinarse a la política económica y adquirir un rol subsidiario, esto significó pasar desde políticas sociales redistributivas, como señaláramos, a introducir mecanismos de mercado en la asignación de los recursos públicos, esto es, subsidiar únicamente la demanda. Además, tras la reducción de los gastos sociales se focalizaron los programas de combate a la pobreza para llegar a los sectores más pobres.
A la vez que esto se llevaba a cabo, se privatizó la seguridad social y el estado traspasó funciones de ejecución y entrega de otros servicios sociales al sector privado.
El cambio más importante respecto a la política social en este periodo, entonces, fue sin duda el traspaso al sector privado de ámbitos de acción estatal. Es así como la gestión educativa se traspasa a las municipalidades y al sector privado conjuntamente. Respecto a salud, algunas de sus actividades son traspasadas al sector privado, se conforman las Isapres como entidades de administración de los fondos de salud de los trabajadores.
Respecto a la previsión, ésta paso de ser un sistema de reparto administrado por el estado a uno de capitalización individual donde los fondos son administrados por administradoras de fondos de pensiones AFP.
Respecto a la vivienda estas pasan de un sistema de subsidios estatales a un sistema en el que el sector privado (inmobiliarias) tienen una mayor participación. Por otra parte se eliminan una serie de regulaciones respecto al mercado de suelos y se llevan adelante erradicaciones de poblaciones enteras.
Es así como el nivel del gasto social en su globalidad, en el periodo, se redujo desde un 17,2% del PIB en el año 1971 a un 11,0% en el año 1980.
Con el retorno a la democracia, en la política social, se configuran grupos de acción prioritarios respecto a la inversión del gasto social delimitándose programas específicos en esas áreas. Se busca ahora invertir más que gastar.
Durante el primer gobierno de transición a la democracia el gasto social se expandió desde un 32% entre 1990 y 1993[4].
La pobreza en Chile, desde este momento, disminuirá significativamente. Es así como el porcentaje de hogares pobres se redujo de 38% en 1987 a 34% en 1990, y a 28% en 1992 y el número de pobres se redujo de 5, 3 millones en 1990 a 4 millones en 1994[5].
El año 1990 se crea el FOSIS (Fondo de Inversión Social) con el objetivo de poner en marcha nuevas iniciativas a fin de superar la extrema pobreza. Depende administrativamente de MIDEPLAN y su ámbito de acción se situó allí donde instituciones tradicionales habían fracasado o simplemente no habían incursionado por lo que su misión, como institución, era innovar respecto a programas que trabajaban con extrema pobreza[6].
Comenzó centrando su atención en la microempresa, campesinos, población indígena y proyectos sociales en comunidades pobres, tarea que continuaría desempeñando hasta el año 2002, fecha en que se le encomienda una tarea mucho más ambiciosa.
II. Chile Solidario y Programa Puente
El día 21 de mayo del año 2002 el entonces Presidente Ricardo Lagos Escobar anunció la implementación de un Sistema de Protección Social llamado ChileSolidario el que tendría como principal objetivo: “Abordar desde una nueva perspectiva el problema de la extrema pobreza en que vivían más de 220 mil familias en Chile”.
El hecho fundamental que desencadenó esta decisión fue la constatación cuantitativa de que si bien la pobreza disminuyó significativamente durante la década de los años noventa, ésta tendió a desacelerarse durante el quinquenio posterior, situación que se acentuó durante el bienio de 1998-2000, a lo que se añadió que durante el mismo período la pobreza extrema o indigencia, experimentó un leve pero considerable aumento.
Es así como este núcleo de pobreza “dura” no sólo no se mostró permeable a los programas convencionales que se venían implementando a la fecha, sino que demandó desde el estado la elaboración de una estrategia diferenciada de intervención[7].
El miércoles 14 de Abril del año 2002 el sistema de Protección Social ChileSolidario fue aprobado por unanimidad en la cámara de diputados.
Este sistema, por lo tanto, nació con la misión de incorporar a las familias de extrema pobreza, es decir, aquellas caracterizadas por la encuesta CAS con un puntaje inferior a los 503 puntos en zonas urbanas y 485 puntos en zonas rurales, a la red de protección social del Estado de manera garantizada y/o preferencial, esto supuso, desde la perspectiva institucional, la vinculación, interacción y readecuación efectiva de toda la oferta programática existente y disponible para esta población en la política social a través de la constitución del sistema de protección social.
ChileSolidario se presentó, entonces, como un sistema de protección social que se propuso integrar las intervenciones tanto de tipo asistencial como promocional (monetaria y no monetaria) que se venían desarrollando (HARDY:2004:17).
Este sistema tendría su “columna vertebral” en el Programa Puente. Es allí donde desde esa fecha y hasta la actualidad se han venido focalizado todos los esfuerzos destinados a combatir la extrema pobreza.
Por otra parte ChileSolidario se hizo eco de las recomendaciones que señalara en Banco Mundial en relación a la falta de articulación en la asistencia social en los países de América Latina en relación a los distintos niveles de articulación de ella (Estatal, provincial y local). Es así como el Banco Mundial propone el enfoque social del riesgo como antecedente contextual desde el cual enfocar la asistencia social. Para este enfoque, las crisis son consustanciales al proceso de globalización por lo que las políticas económicas no las pueden eliminar y sus efectos pueden afectar las ganancias de décadas en corto tiempo, lo que señala que las políticas de protección social, en el mundo actual, son esenciales[8].
Las características del programa, entonces, son:
1. Trabajar dentro de una matriz de manejo social del riesgo.
2. Incorporar una perspectiva de derecho, entendida como una condición mínima de igualdad.
3. Articular tres niveles institucionales.
Por una parte se encuentra el FOSIS que es el operador del programa; es quien brinda el apoyo psicosocial a las familias mediante la contratación de Apoyos Familiares y es quien garantiza el acceso preferencial a los programas de apoyo contenidos en Puente[9].
Un segundo nivel operativo se encuentra en las municipalidades, quienes son las encargadas de constituir con personal propio las UIF (Unidades de Intervención Familiar) y quienes ponen a disposición del programa los servicios locales de salud primaria, educación y asistencia social.
Finalmente encontramos la red pública de servicios, quienes tienen la obligación de poner a disposición de las familias integradas al programa, su red de servicios en forma preferente. Este nivel se encuentra radicado en MIDEPLAN, quien es el encargado de gestionar acuerdos de acceso preferente con diversas entidades estatales (Registro Civil, Patronato Nacional de Reos, Intendencia Regional, SEREMIS, Ministerios etc.).
La hipótesis de trabajo del programa, entonces, va a ser la siguiente:
Por las características de la extrema pobreza, el principal satisfactor puesto a disposición de las familias indigentes tiene que ver con la presencia de un operador que, a través de una intervención personalizada, conecte a las familias con redes y oportunidades que pueden contribuir a la satisfacción progresiva de las otras acciones emprendidas, ya que puede favorecer a la interacción de personas que, por definición, se encuentran excluidas de las redes en las que podrían encontrar oportunidades y satisfactores directos para sus diversos requerimientos[10].
La principal tarea del Puente, tiene que ver con poder CONECTAR (servir de puente) a las personas que se encuentran en extrema pobreza con redes sociales del Estado, para lo cual despliega estrategias en diferentes dimensiones: salud, educación, previsión y económica (dinero), entre otras.
Esta conexión se expresa en la metáfora: “Puente se define como el vínculo que va construyendo el camino a la inclusión y la exclusión social”.
En la práctica, el programa se implementa de la siguiente manera: Las familias son informadas del programa e invitadas a participar. Tras firmar un contrato comienza una fase intensiva de información y orientación acerca de los servicios dispuestos en siete dimensiones o áreas: Salud, Habitabilidad, Educación, Dinámica Familiar, Identificación, Trabajo e Ingresos. Cada una de estas áreas se compone de indicadores y va siendo registrado cada uno de ellos y chequeado en conjunto con un representante de la familia. En el caso de encontrar ausencia de algún indicador el programa asume la resolución de éste a través de referencias al servicio social correspondiente (no inscripción en consultorio o ausencia de examen PAP) o dispone la asignación (dentro de los dos años que éste se prolonga) de recursos tendientes a solucionar esa ausencia (falta de camas). Cabe señalar que el programa incluye la asignación de un Bono por 11.500 mensuales que decrece según el tiempo que la familia se encuentra adscrita al programa.
III. Contigo en la distancia, el éxito de Puente
En primer lugar tenemos que el Programa Puente opera bajo dos principios generales que constituyen su epidermis funcional: la matriz social de riesgo y una perspectiva de derecho. Digo epidermis, superficie, pero a la vez corpus ideológico.
El devenir de la política social se inicia con el estado moderno como separación del espacio filantrópico[11] y como construcción del Estado como un espacio de inteligibilidad de lo real (FOUCAULT 2004:328). Este espacio de comprensión (y de construcción de discursos de verdad) se mueve al mismo tiempo que la función especializada (disciplinario-técnica) de la acción social del estado denominada Política Social. Ambas acciones, en conjunto, evidencian el despliegue de un tipo de acción política opuesta a la pastoral cristiana.
Desde la denominada históricamente “cuestión social” de principios del siglo XX, atravesando el estado protector (1924-1964) y el estado benefactor (1964-1973) llegamos, con posterioridad al golpe de estado del año 1973, a la constitución revolucionaria y consolidación democrática de un estado de carácter subsidiario.
Las características de este tipo de estado nos interesan, más allá de la articulación de nuevos espacios de distribución del juego político, respecto a la acción social, sus límites y posibilidades comprensivas dentro de esta matriz, ya que ambas (lo real posible y lo irreal imposible) constituyen la dimensión simbólica asociada a la política social en Puente como veremos.
Con el principio de subsidiariedad estatal, es decir, la creencia que la política social se “instalará” en aquellos sitios en que los sujetos se muestran incapaces de solucionar sus problemas en forma independiente o con el apoyo de iniciativas o soluciones de mercado”, se ha trazado un límite epistémico que ata de manos al estado en cuanto este se plantea como defensor y promotor de derechos sociales. Junto a ello la focalización, entendida como criterio que delimita la acción estatal a ciertos grupos prioritarios en la creencia que la inversión en lo social actúa por integración y delimitación de lo social[12].
Puente entonces, representa una contradicción entre la aplicación de criterios de mercado contractuales a la política social, donde el sujeto objeto de la misma es concebido como: usuario con derechos y, sin embargo, el programa constituye la única posibilidad real de superar su condición de indigencia ya que es un espacio que no ofrece competencia como nicho de inversión para privados, derechos sin competencia, entonces, pues se torna en un campo ya delimitado. Más bien es el estado, enunciamos, quien crea, en lo social, a la vez, un nicho de inversión para los privados (microempresarios de lo social) sin contar siquiera con las herramientas más mínimas para fiscalizarlos[13].
¿Es posible, entonces, superar la extrema pobreza con criterios de focalización heredados del estado subsidiario que se impuso en dictadura? O es que estamos ad portas de la emergencia de un estado de carácter post subdiariario que procura deshacerse de las ataduras que heredó respecto a la política social?
La indigencia existía hasta el año 2002, desde esa fecha tiene nombre y apellido: Puente. Donde Puente se propone como una forma metafórica de habitar la política social al margen de lo social y constituye, por tanto, la consolidación de un significante imposible: Puente: “Entre la familia y sus derechos”.
No hay opción: la política social genera la realidad que desea. De qué forma se construye esta opción simbólica?
En el cuadro siguiente es posible identificar el movimiento del programa Puente en su operatoria simbólica y sus criterios de eficacia interna[14]:
AMBITO DE OPERACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL
MATERIAL
SIMBOLICO
UMBRALES DE EFICACIA FORMAL
POSTULACIÓN
ASIGNACION
SEMANTICA INSTITUCIONAL ASOCIADA
POSTULANTE
BENEFICIARIO
SEMANTICA DEL USUARIO ASOCIADA
PROGRAMA PUENTE
PLAN FOSIS
PLAN PUENTE
Los umbrales de eficacia formal se refieren a dos momentos complementarios donde se inicia la operatoria semántica asociada al programa:
- POSTULACIÓN: Momento que engloba el ejercicio de un conjunto de prácticas destinadas a lograr la incorporación de la solicitud de un “postulante” a registros computacionales de MIDEPLAN. El momento de la postulación se halla mediado por la satisfacción de los requisitos establecidos por el Estado respecto al acceso al subsidio (p. ej: puntaje Ficha CAS). Es el campo de adscripción simbólica a la política social.
- ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO: Es el momento de asignación, podemos hablar aquí de conectividad (sentido del Programa Puente) centrada en la dimensión económica y que se traduce en el pago efectivo de un subsidio monetario por parte del Estado a un postulante, ahora devenido usuario.
Aquí, es importante señalar una distinción para mejor evidenciar la eficacia simbólica de Puente.
Si bien la postulación constituye un derecho (garantizado en el caso de los “postulantes” del Programa Puente), no lo es así la asignación efectiva del subsidio monetario para el resto de la población postulante, por lo que no necesariamente quien postula efectivamente recibe asignación.
La eficacia simbólica del programa puente radica en que, más allá de la obtención de un subsidio “garantizado” por el programa para éstas familias, lo que se pretende es que postulen, esto es, simbólicamente se adscriban al orden económico imperante que los discrimina promoviendo su incorporación a la política social. Se busca, por tanto, generar legitimidad para el estado subsidiario en y desde aquellos a los que se les ha arrojado fuera de los límites del sistema y proyectar una integración únicamente formal y desigual.
La propuesta de Puente propone un compromiso contractual entre las mismas familias y el Estado de Chile. ¿Es posible que una relación entre ambos sea igualitaria?, ¿No es acaso centrar la atención en individuos (ya que efectivamente la perspectiva de trabajo con la familia resulta altamente cuestionable) promover, concientemente, desde el estado, un monologo moralizante desde la autoridad directamente a sujetos aislados que sin embargo viven en comunidades?
Frente a esto, el éxito del Programa radicaría únicamente en su dimensión simbólica, es decir, en la adscripción de sujetos asilados a registros institucionales. Sin embargo este éxito aparente constituye un fracaso en la medida que se han promovido relaciones simbólicas entre los sujetos y el estado que contribuyen a generar dependencia retrotrayendo la acción social del estado a su etapa filantropico-estatal, lo que da pie a que instituciones privadas de beneficencia logren apropiarse de un campo que hasta ahora les resultaba vedado. Lo que viene ahora es la caridad organizada y su elogio.
IV. Programa Puente y migración internacional en la comuna de Santiago de Chile.
Aún cuando la migración internacional constituye una manifestación más y a la vez una de las consecuencias más directas y visibles mediáticamente del proceso de globalización económica impulsado por la apertura de los mercados económicos y fronteras políticas en contextos de economías globales transnacionalizadas, ha generado cambios demográficos y culturales diversos e insospechados que hoy logran poner en tensión supuestos políticos antes incuestionados.
Se ha observado que desde los años noventa el mundo ha cambiado el patrón migratorio constante que presentara desde la segunda guerra mundial, esto es, se ha pasado desde un flujo migratorio Sur-Norte a uno Sur-Sur. Esto quiere decir que hoy el mayor número de migrantes en el mundo se dirige a países territorialmente cercanos y/o limítrofes territorialmente y no a aquellos tradicionalmente comprendidos dentro del circuito de migración internacional rico/pobre, hecho en el que ha incidido directamente el endurecimiento de la política migratoria norteamericana tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2002.
Hoy se estima que las proporciones de la migración Sur-Norte y Sur-Sur alcanzan alrededor de los 82 millones de personas y han tendido, ambas, desde los años noventa, a equipararse según cifras de la OIM.
El impacto de las migraciones internacionales, se ha dejado sentir cada vez más en las ciudades o sectores urbanos de los países receptores de migrantes dentro de circuitos Sur-Sur. Hoy las ciudades Latinoamericanas se encuentran en situación de recibir a una población migrante que proviene de contextos socioculturales diversos y que han conformado simbólicamente nuevos espacios allí en los sitios donde se han asentado.
V. La Hospitalidad más allá de la ley.
La ciudad de Santiago de Chile no ha sido la excepción a la migración internacional y dado el sostenido flujo inmigratorio que ha recibido desde la década de los años noventa a la fecha, los efectos de éste, por diversos motivos, no han sido dimensionados por las autoridades político administrativas locales; no sólo dada la alta complejidad y variabilidad del fenómeno, sino específicamente porque no constituyen, sus manifestaciones, ejes problemáticos definidos estratégicamente hasta este momento o porque su política consiste en no tenerla. La institución no es ingenua.
La migración internacional, como señaláramos, impacta directamente en las ciudades, por lo que es pertinente preguntarnos si éstas se encontraban preparadas para recibir a esta población y si en la actualidad se encuentran interesadas en gestionar explícitamente la migración internacional en el nivel local.
Si bien no existen cifras exactas acerca de la caracterización socioeconómica de los migrantes internacionales que viven en la comuna de Santiago de Chile es posible constatar empíricamente dos evidencias[15]:
Los migrantes internacionales solicitan servicios al gobierno local, sean estos servicios sociales, de salud, de información, económicos etc.
Existe una gran cantidad de migrantes internacionales en situación de pobreza.
El programa Puente, Incorporó a población migrante internacional en condiciones (cuantitativas) de indigencia por lo que es el primer programa a nivel local, ejecutado por el gobierno local que trabajó con este tipo de población. Si bien no fue pensado como un instrumento de intervención social con familias migrantes internacionales, debió asumir la heterogeneidad de una población sujeto de atención en las diversas comunas en que se implementó.
Es así como en la comuna de Santiago de Chile comenzaron a ser incorporadas a Puente familias de diversos países latinoamericanos que cumplían con los requerimientos de acceso establecidos por el programa[16].
Si bien, como ya señaláramos Puente no fue específicamente pensado como un programa social para ser trabajado con migrantes internacionales es posible asediarlo respecto a su labor con una población que “técnicamente” calificó para ingresar en él.
La situación de la población migrante internacional incorporada al Programa Puente actúa como prisma que permite refractar, proyectar, contradicciones que tensionan eficaz y fructíferamente la dimensión simbólica de la política social. La efectividad de la política social encuentra, en la noción de heterogeneidad y diversificación de lo social, un campo de acción que le permite extenderse (dentro de las restricciones de la acción social del estado/nación en un contexto de subsidiariedad política) y diversificarse como servicio/productor de subjetividad[17].
La política social configura sujetos mediante una acción simbólica y una material. A este ámbito lo denominamos espacio de alteridad en la política social y diremos ahora que comporta juegos de poder, control y sumisiones y explotaciones aparentes o explícitas de acuerdo al desarrollo de esas relaciones en espacios locales situados[18].
El programa Puente como componente principal del Sistema de Protección Social ChileSolidario encuentra, en su interior, núcleos problemáticos que dan cuenta de categorías tensionadas por el suceso migratorio. Una de ellas es la idea de homogeneidad acerca del sujeto de intervención o usuario.
El suceso migratorio no sólo pone en cuestión la idea de homogeneidad en que pretende descansar la perspectiva de derecho del Programa Puente, sino que además muestra que ésta es conceptualmente contradictoria y conservadora en lo político. El migrante internacional proviene de otro estado, otra nación, por lo tanto como habitante del gobierno local incorporado a Puente exige se le brinden las oportunidades que el programa ofrece para los nacionales. Puente entonces responde diferenciando en la asignación de subsidios entre población vernácula y extranjera.
Al incorporar diferenciaciones respecto al usuario, el servicio que ofrece la política social, atenta contra un principio fundante: ser políticamente universalista. Esta afirmación se torna un campo de lucha en el momento en que consideramos al migrante internacional como “beneficiario” de una política social nacional que se propone como objetivo “conectar” a la población marginada a los servicios del estado disponibles y dispuestos explícitamente para ellos. No lo logra.
La tensión va más allá del cuestionamiento acerca del supuesto “carácter nacional” de una cruzada contra la pobreza extrema en Chile, sino que encuentra ésta su punto extremo en el cuestionamiento respecto a si ésta (la política social) es capaz de responder a requerimientos diferenciados de la comunidad usuaria a la que ofrece sus servicios supuestamente universales.
Por otra parte, al incorporar una dimensión de derechos, el programa se hace cargo directa y explícitamente de la heterogeneidad de requerimientos a ser satisfechos por los clientes del programa, lo que no solo constituye un requerimiento para una intervención social fundada sino que a la vez obliga a explicitar qué se deja afuera cuando se habla de heterogeneidad en lo social, es decir, definir la differance en la heterogeneidad. Puente se plantea sobre categorías: superar la indigencia (la hace sinónimo de pobreza extrema). Luchas contra ésta significa operar en el plano simbólico.
Otra área conflictiva en el Programa Puente, respecto a la población migrante internacional, la constituye la idea de universalidad que incorpora abiertamente el programa. La universalidad de la acción social del estado encuentra restricciones epistémicas en: 1) el principio de subsidariedad con el que opera el estado respecto a su política social y 2) En relación al resto de la política social que se implementa en el espacio local.
El primer punto se refiere a que no puede ser universal una política que únicamente opera sobre sujetos parcializados a los que se les niega la posibilidad de elegir. En el caso de los migrantes internacionales es más grave, ni siquiera se encuentran informados acerca de los programas sociales a los que se encuentran en condiciones de acceder: no son ciudadanos como cualquiera?
En segundo lugar tenemos la cuestión del espacio local. En Puente se articulan tres niveles (como ya señaláramos) municipio, el estado a través de FOSIS y la red social nacional (que articula MIDEPLAN). Esta articulación evidencia rupturas y convergencias.
Al ingresar al nivel local desde el estado, de la mano de un programa social que busca apoyar la gestión local de la indigencia (con la inyección de recursos directos sobre la población), se abre una nueva puerta a la heterogeneidad y se asesta un golpe más a la supuesta homogeneidad en la que pretende descansar la política social.
En la realidad local convergen problemáticas globales, en el caso de la comuna de Santiago de Chile, la migración internacional es un rasgo propio que viene a tensionar a Puente: ¿De qué forma es posible gestionar la conectividad de un sujeto respecto a otro estado?. Hospitalidad y límite del espacio local a través de una política nacional[19]. El sentido de la hospitalidad traspasa un circuito administrativo local indiferente al extranjero. Hablamos de estrategias de intimidad que no han sido pensadas por la política social nacional ni mucho menos la local, un matiz escondido y pequeño.
VI. Conclusiones
El principio de subsidiaridad aplicado bajo el criterio de focalización en lo social a sectores “incapacitados de retribuir económicamente al estado” constituye una evidencia de una crisis en la forma de concebir la acción social del estado a través de la política social.
Este tipo de acción se muestra deficiente al constatar que el funcionamiento del estado está lejos de operar con los criterios de eficacia del mercado. En este sentido si bien Puente se transformó en una marca, su sentido original estaba lejos de operar sobre esa dimensión.
La política social encuentra, en su dimensión simbólica, su mayor eficacia[20] y, a la vez, un obstáculo ya que configura un tipo de sujeto “usuario” subordinado, violentado[21].
Esta construcción actúa sobre homogeneidades reduciendo lo social a un conjunto de categorías establecidas en bloques semánticos, un habla estatal que es incapaz de escuchar[22]. Esta falta de escucha se traduce en que si bien se plantea como solución eventual (y política) al problema de la extrema pobreza Puente no logra, como tentativa osificar, es decir, a este incipiente consumidor/prisionero de política social, no sino se le impide elegir sino que además se le brinda una quimera donde: “para que las posibilidades sigan siendo infinitas no hay que permitir que ninguna de ellas se petrifique cobrando realidad eternamente” (BAUMAN:2003:68).
Junto al devenir histórico de la política social hacia la subsidiariedad es posible identificar paralelamente el avance de la acción social filantrópica (premoderna) la que se instala frente a la crisis de la acción social estatal como solución que ofrece la aplicación, bajo criterios de mercado, un trabajo social centrado en la explotación de marcas trasformando a lo social en un negocio que debe ser resulto más que en la fuente de resolución de conflictos que atañen a la sociedad en su conjunto.
El dispositivo migrantes internacionales en la comuna de Santiago evidencia que Puente opera sobre sujetos homogéneos y no sólo no considera el sentido del conjunto de servicios que ofrece para la población que legalmente se encuentra imposibilitada para acceder a los mismos, sino que además es incapaz de establecer criterios de diferenciación en realidades locales complejas que apunten a resolver las situaciones y conflictos que esas poblaciones evidencian respecto a su situación de pobreza.
Bibliografía general
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4. Caracterización y evaluación del vínculo entre el Apoyo Familiar y las personas participantes del Programa Puente. FOCUS CONSULTORES 2004.
5. Estudio exploratorio para aportar a un modelo de intervención social que busque potenciar autonomía y fortalecer ciudadanía. Escuela de Trabajo Social Universidad Católica. 2004
6. Diseño y prueba de factibilidad de metodologías e instrumentos para la intervención en familias del Programa Puente. Consultora OMNIUM. 2004.
7. Fortalecimiento institucional a unidades de intervención familiar; Programa Puente. GEDES Consultores 2003-2004.
8. Estudios de factibilidad para el diseño de un modelo de gestión y estrategia de intervención que permita dar cumplimiento a los requerimientos de habitabilidad de las familias participantes en el Programa Puente. Programa de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
9. Estudio percepción de alcaldes participantes del Programa Puente. FOSIS. 2003.
10. Estudio de sistematización del Programa Puente. Entre la familia y sus derechos. DESUC. Universidad Católica de Chile.
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12. Evaluación sistema Chile Solidario. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile. 2004.
Sitios en Internet recomendados
http://www.mideplan.cl/
http://www.ine.cl/.
http://www.gobiernodechile.cl/
http://www.eclac.cl/
http://www.cepal.org/
[1] Donde práctica social: “Se trata de articular la construcción discursiva del mundo social con la construcción social de los discursos. O dicho de otro modo, de inscribir la comprensión de los diversos enunciados que modelan las realidades dentro de coacciones objetivas que, a la vez, limitan y hacen posible su enunciación”. Chartier Roger. Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. Editorial Manantial. Buenos Aires, Argentina. 1996. Pag 08.
[2] Alusiones a la importancia y relevancia de la eficacia y eficiencia respecto a la política social (como gasto social) es posible distinguirlas en el discurso de la presidenta Michelle Bachelet el día 21 de mayo del año en curso.
[3] Chile Actual. Anatomía de un mito. LOM Ediciones. Santiago de Chile. 1998.
[4] http://www.mideplan.cl/
[5] http://www.mideplan.cl/
[6] http://www.fosis.cl/
[7] http://www.chilesolidario.cl/
[8] Cabe señalar que esta apreciación se desprende de un conjunto de teorías acerca del riesgo donde ellas confluyen al señalar que el riesgo: “hace referencia a una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que los riesgos sociales, políticos, ecológicos e individuales generados por la misma dinámica de renovación, se sustraen crecientemente a las instituciones de control y aseguramiento de la sociedad industrial”. La Invención de lo Político. Ulrico Beck 1996 Pág. 32
[9] Respecto a la labor del Apoyo Familiar señalaba Clarisa Hardy el año (……..) lo siguiente: “a pesar de de que los apoyos familiares y en general todos los actores involucrados en la ejecución enfaticen el aspecto promocional de la intervención, no se definen metodologías, técnicas ni metas asociadas a la promoción.
[10] Por los alcances de este trabajo no se expondrán mayores antecedentes sobre el Programa, considerando que los expuestos son los necesarios para este texto. Para ver más ver visitar: www.programapuente.cl
[11] Este espacio filantrópico tendrá, ciertamente, un devenir propio y paralelo al desarrollo de la política socia nacional, como ella, se beneficiará de la tecnificación y profesionalización de la acción social creciente de la segunda mitad del siglo XX y trazará una línea hasta la actualidad donde compite eficazmente con el estado por los nichos de inversión en lo social, en ocasiones, con la mayor eficiencia que le brindan formas de gestión adaptadas desde el sector privado.
[12] Junto a la acción estatal subsidiaria es posible relacionar la emergencia de discursos políticos asociados a la integración, nos preguntamos: ¿Es posible delimitar, nombrar, categorizar a la vez que se propugna una semántica disociadora? ¿Cuál es la semántica con la que responden los “usuarios”?, de qué forma se apropian de esta semántica?
[13] En este sentido basten las serias irregularidades enunciadas durante el programa CONTACTO que exhibió Canal 13 el día 19 de junio del año 2007.
[14] Eficacia interna que se asocia al funcionamiento del programa respecto al acceso a subsidios, es decir a su conexión efectiva al estado.
[15] Donde empiria no consiste en ausencia sino, por el contrario, posibilidad de indagar en la presencia del suceso, ir más allá de una relación que divida empiria de teoría. La ausencia de dato no es ausencia del real.
[16] En la actualidad son 25 las familias de migrantes internacionales que se encuentran adscritas al programa en la comuna de Santiago de Chile.
[17] Respecto este punto señala Zymunt Bauman lo siguiente: las metáforas transforman los dos elementos que participan de la relación metafórica. La posmodernidad y sus descontentos. AKAL. Madrid. España. 2001.
[18] Desde esta perspectiva es posible leer la utilización mediática y política (como explotación simbólica) de las cifras de pobreza e indigencia arrojadas por la encuentra CASEN 2007 y contrastarla con la precariedad de esa disminución y con el riesgo permanente de esas personas de caer nuevamente en la indigencia y la pobreza respectivamente al menor vaivén económico del país.
[19] A este punto se refiere Derrida cuando señala: “…ese derecho a la hospitalidad ofrecido a un extranjero” en familia” representado y protegido por su apellido, es a la vez lo que hace posible la hospitalidad con el extranjero y al mismo tiempo el límite y la prohibición”. Y más adelante cuando señala uno de esos límites: “La ley de la hospitalidad absoluta ordena romper con la hospitalidad de derecho, con la ley o la justicia como derecho”. 30-31. La Hospitalidad. Jaques Derrida y Anne Dufourmantelle. Ediciones de la Flor. 2006. Buenos Aires. Argentina.
[20] Así lo reconocían las Naciones Unidas y CEPAL cuando afirmaban que: La igualdad simbólica (inmaterial) presente puede constituir el medio privilegiado para lograr una mayor igualdad material en el futuro. CEPAL Equidad, desarrollo y ciudadanía. Cap 14 Pág. 302.
[21] Allí donde violencia no consiste tanto en herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerles desempeñar papeles en los que ya no se encuentran, en hacerles traicionar, no sólo compromisos, sino su propia sustancia; en la obligación de llevar a cabo actos que destruirán toda posibilidad de acto” . Emmanuel Lèvinas. Totalidad e infinito. Prefacio.
[22] En este silencio es posible situar las palabras de Teresa Matus cuando manifiesta que los programas sociales se encuentran fuertemente por su condición de negatividad y que falta: “una semántica que recoja los sueños, las aspiraciones y los proyectos y los plasme como propuestas posibles”. En El peso que queda. Condiciones de efectividad en los programas de acción social. Expansiva 2004.
