Cuando visitamos un supermercado percibimos una constante y abierta disputa entre productos y marcas que luchan por nuestra preferencia. A esta altura del siglo XXI a nadie se le ocurriría juzgar como nociva la competencia en sí misma y, sin embargo, es posible señalar como negativo el hecho que la competencia no haya llegado con igual fuerza a todos los ámbitos de la sociedad chilena.
Quienes padecen con mayor rigor esta falta de competencia son, sobre todo, aquellas personas que menos opciones tienen de elegir y entre ellos, los pobres. En este sentido la oferta –como consecuencia de la competencia-, actualmente parece seguir un orden curioso respecto a los recursos que poseen las personas. Cuantos menos ingresos se poseen, resultan mayores las opciones con que se cuenta y, sin embargo, éstas resultan mucho más pobres.
Cuando una persona en situación de pobreza piensa en solicitar apoyo social para enfrentar la eventualidad de la desvinculación, -pobreza estacional o crónica- se enfrenta al siguiente problema: la amplia oferta de servicios que se le ofrecen. Parece existir una especializada industria solidaria, que en muchos casos se adelanta a la demanda y busca explotar sus propios nichos de oportunidades en lo social.
En este, sentido las declaraciones de algunas organizaciones resultan sintomáticas: “Con su esfuerzo y una oportunidad”, “En cada mujer”, “2010 sin campamentos”, “Ellos también son chilenos”, “Solidaridad Hoy”, etcétera. Parece existir una desmesura declarativa en el fraseo de las organizaciones en el mercado de la desgracia social.
Tal vez la pregunta que más nos aguijonea cuando pensamos en esta situación sea: ¿Quién le cobra el cumplimiento de los compromisos a esas organizaciones?. Porque una cosa es hablar de SOLIDARIDAD HOY y otra muy distinta es demostrar cómo la solidaridad puede llevar a una persona de un estado A a uno B. He aquí la pobreza sustantiva de la oferta de ayuda social, tan numerosa en la actualidad.
Tal vez la pompa declarativa se deba a una especie de omnipotencia organizacional, muy vinculada, por cierto, a un incuestionado capital reputacional del que se sienten depositarias algunas organizaciones y que las lleva a una autovalidación que no tiene sustento. Recordemos que el capital migra, se desgasta y, por cierto, si posee alguna propiedad esta es la caducidad. Parece suceder a estas organizaciones como al emperador en la fábula de Tolstoi “El traje nuevo del emperador”. Nadie se anima a decirles que marchan desnudas.
Si esto sucediera a una persona, sin dudarlo le diríamos que visitara a un psiquiatra. Cuando ocurre con programas sociales ejecutados por organizaciones, que cuentan a su vez con permisos y reconocimientos sociales explícitos (es decir, que nosotros como sociedad les pedimos que lleven adelante esta tarea), la situación resulta preocupante. Si sumamos a esto que estas organizaciones trabajan para personas que no cuentan con posibilidades técnicas para cuestionar los procedimientos a los que son sometidos (y que en ocasiones ignoran completamente lo que se “hace con ellos” y “en nombre de ellos”), el panorama resulta preocupante. Es nefasta cuando consideramos a personas que se ven obligadas a solicitar ayuda a una organización particular y no existe competencia respecto a los servicios que presta, como en el caso de refugiados, ex convictos, drogodependientes y niños en situación de vulnerabilidad social.
Resulta difícil cuestionar a una organización que se plantea en el plano moral y declara como misión: “llegar al cielo a cualquier costo”, pero lo que no puede ignorar esta organización es que no da lo mismo el medio para llegar y que, como entidad humana -Humana, Demasiado Humana-, debe dar cuenta en términos humanos de lo que hace. En ese sentido sería un buen comienzo crear una especie de Superintendencia de declaraciones, capaz de evitar la publicidad engañosa que sufren actualmente aquellos que menos tienen y que lamentablemente terminan prefiriendo cualquier cosa a nada.
Ángel Marroquín Pinto
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