Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la política social está dado por lograr dar cuenta de la complejidad de los nuevos escenarios sociales en que actúa. Si el desafío de los años noventa estaba dado por aumentar coberturas de programas y llegar a aquellos que si bien tenían derechos no tenían accesos, hoy en día el reto más importante se encuentra dado por diferenciar intervenciones. Hoy no todo es lo mismo en el mundo de las intervenciones sociales y las personas crecientemente demandan servicios cada vez más personalizados.
Ante este requerimiento, se hacen precisas reflexiones que logren posicionar conceptos capaces de rendir en estos nuevos escenarios y, simultáneamente, señalar nuevos caminos para intervenciones sociales complejas, avaladas por el Estado, que logren promover y combinar gobernabilidad con altos estándares de calidad.
En lo que sigue nos proponemos contribuir a estas reflexiones. Para ello proponemos pensar la política social de extrema pobreza, mediante el uso de dos conceptos, que a nuestro juicio, cumplen los requerimientos antes señalados, ellos son el de inclusión y el de proximidad.
Este análisis nos permitirá develar “brechas” de la política social a nivel local respecto a los conceptos propuestos y los desafíos hacia los que apuntan.
A fin de hacer mucho más prístino y enfático nuestro afán escópico, utilizaremos la situación de inmigrantes y/o refugiados para evidenciarlas. Esto porque: ¿quién sino el extranjero es capaz de concentrar a un tiempo el requerimiento de igualdad con el de la diferencia?. En este sentido la paradoja del arribante es esta: cuanto más diferente resulta, más se le trata como un igual, privándolo de su legítima diferencia en pos de una igualdad que se asemeja demasiado a la uniformidad.
Si bien una mejor gestión del Estado tiene efectos directos en la equidad, en la superación de la pobreza y en la protección social, no es menos cierto que no todos los Municipios enfrentan niveles de complejidad idénticos y, por lo tanto, no es lo mismo el esfuerzo ni el apoyo que requiere una comuna con mayores ingresos y menos complejidad, que una que recibe a población inmigrante y/o refugiada en su territorio y cuanta con menores ingresos. Este trabajo es un esfuerzo por apoyar a las comunas, en el difícil camino de pensar la complejidad derivada de la diversidad y proponer su gestión esperando con ello apuntar a, lo que señala el Consorcio para la reforma del Estado: Fortalecer la primera línea del Estado.
Cuando la CEPAL planteaba el año 2000 que: “La igualdad simbólica (inmaterial) presente puede constituir el medio privilegiado para lograr una mayor igualdad material en el futuro”[1], evidenciaba que se hace cada vez más urgente examinar, en razón de su contenido, el tipo de vínculo que propone la política social respecto a la población a la que se dirige. Ni una se encuentra supeditada a la otra ni pueden ser comprendidas separadamente.
De lo señalado se desprenden varias consideraciones: 1) La política social constituye un discurso total, infragmentable secuencial[2]; 2) La alteridad es el contenido de la relación propuesta por el Estado a la población[3]; 3) La relación entre la política social y el Otro se da a través de un flujo económico de la alteridad en la relación propuesta[4].
Una relación es siempre asimétrica y cuenta con la anuencia de las partes. La política social parece interpretar particularmente aquello de que no sepa la mano derecha lo que da la izquierda.
En el caso de los inmigrantes y refugiados, por ejemplo, nos referimos a que la política social no se encuentra operando, sino en la superficialidad, insertando a inmigrantes y refugiados a políticas sociales homogéneas. Es así como, en tanto no logre ampliar las categorías desde las que se gesta lo político entre la población beneficiaria y la totalidad de la población, difícilmente podríamos hablar de políticas sociales que contribuyan a la inserción social o más aún, que respeten la diferencia a través de ejes conceptuales como la diversidad.
Si bien se puede argumentar que esta situación es minoritaria y poco representativa del país, esto nos obsta para emprender un análisis que le permita a la política social dar un salto cualitativo y enfrentarse al inmigrante, refugiado o Mapuche como un legitimo Otro en la relación.
En la situación de la inmigración, la política social actúa en forma complementaria a la política migratoria. Fortalece la noción nacional del funcionamiento, inserta al sujeto y su familia a la nación, aún cuando el estatus legal no logre permitirle avanzar en esa dirección. Se le permite el ingreso a Chile pero no a una política social “universal” que lo acoja como Otro.
En ese sentido la ausencia de un nexo lógico entre la política migratoria y la política social genera una contradicción que se expresa en la localidad y que contribuye a fortalecer una operatoria discrecional del campo municipal[5]. Expresión de esta situación son las manifestaciones de racismo, violencia racial y discriminación institucional que afecta a inmigrantes y refugiados que permanecen en el silencio por ausencia de un espacio de proyección público reconocido y validado al interior del país.
Resulta falaz por lo tanto el eslogan presidencial que reza: Chile país multicultural pues no se parte por el principal postulado del multiculturalismo, esto es, reconocer la diversidad a través de la implementación de políticas diferenciadas. Debido a la presión internacional esto parece cambiar, especialmente con el tratado de la OIT que obliga al Estado a ejecutar políticas indígenas con plena participación de los pueblos originarios.
***
El ámbito municipal juega un papel preponderante en el diseño de la política social basada en el enfoque de protección social con subsidiariedad. Paradojalmente es éste el ámbito más descuidado.
Esta paradoja es constitutiva ya que en Chile la política social ha generado programas (como Puente) altamente centralizados en su diseño y estructura: “cuyas definiciones y lineamientos son estipulados en un ámbito institucional con alto poder de decisión y respecto del cual los niveles locales y descentralizados tienen poco espacio de opinión o influencia” (SERRANO:2005). Esta situación ha generado que el relacionamiento con las familias beneficiarias y el monitoreo de los compromisos descanse en agentes, en su mayor parte “externos” al territorio y que se presenten serias dificultades en la gestión de apoyo social local que se oriente en beneficio de las familias.
Si a esta situación adicionamos la alta fragmentación y burocratización de la gestión propia de cada anillo de la política social, el panorama resulta aún más complejo y poco halagüeño, por más que se empeñen en decir lo contrario los operadores políticos que lo sustentan.
Sin duda una de las más manifiestas ausencias en la política social que se viene implementando desde los años noventa en Chile, es la de diversidad. Esta afirmación encuentra su punto de saturación –y ejemplo paradigmático- en fenómenos sociales emergentes, como la inmigración, el refugio o los pueblos originarios. Esto nos lleva a realizar la siguiente afirmación: la inmigración es, ante todo, un tema que involucra (y concierne) a las actitudes de la mayoría, expresadas en la política social estatal y no necesariamente a la población inmigrante que arriba al país, considerada ella como portadora de justas demandas de inserción en la sociedad nacional.
Si bien la política social no constituye el único medio a través del cual se insertan los inmigrantes a la sociedad (ya que en Chile la política migratoria y la situación laboral resultan ámbitos de mayor importancia), cuando consideramos un flujo inmigratorio, como el que se orienta hacia Chile (con un marcado componente femenino y laboral que arriba en busca de mejores condiciones laborales y familiares que proviene de sectores deprivados en sus países de origen), tendremos que la política social se torna, efectivamente, una puerta de entrada a la sociedad nacional.
Frente a esto la política social debería ser concebida como un mecanismo que garantice, por una parte, un trato igualitario a inmigrantes respecto a la población nacional y, por otro, que se adapte a los requerimientos y características culturales y étnicas de la población, por ejemplo, capacitando y formando al personal respecto a la dinámica familiar (fractura de lazos culturales, familiares o religiosos), el racismo o la discriminación.
Por lo expresado anteriormente resulta imposible, a mi juicio, sostener que existe actualmente una política social capaz de abordar la diversidad respecto a la gestión de la inmigración, el refugio o situación de pueblos originarios, ya que ello requeriría tratar consistentemente la alteridad como contenido de la relación de inclusión social que se pretende extender al inmigrante vía política social, asumiendo la preponderancia de este factor como agente de inserción social.
El nivel municipal, sin embargo, enfrenta el mayor desafío. Este desafío consiste en dejar atrás una visión parcial y homogénea de los procesos sociales que debería administrar y de los que esta última centuria, no ha hecho sino dejar una marcada estela en las localidades (algunos ejemplos: emergencia étnica, inmigración, delitos informáticos, redes de comercio virtual etc).
Hoy la diversidad se manifiesta como margen y como límite, sin embargo, se acendra indirectamente en los requerimientos políticos que se le hacen al gobierno local, ¿pueden verlo los representantes políticos locales?.
Frente a ello dimensionar la diversidad constituye repensar los objetivos de la administración local y, paulatinamente, desplegar modelos de convivencia anclados en principios sólidos que garanticen la armonía entre personas de distintos orígenes culturales, étnicos, religiosos o nacionales. En este sentido la inmigración -y el refugio- dan forma a una oportunidad para comenzar este proceso y, paulatinamente, extenderlo hacia otros grupos sociales que hoy viven en la localidad y que son pensados por los administradores como un todo sin partes.
***
Para dar forma y consistencia a una acción desde el Estado, capaz de enfrentarse a un desafío como la gestión de la diversidad a partir de la inmigración, resulta imprescindible avanzar desde un cuestionamiento radical a ambos conceptos (protección social y subsidiariedad) a la vez que crear y articular nexos, inexistentes hasta la fecha, entre diferentes niveles de ejecución de las políticas sociales: el nivel nacional, el nivel local y el nivel de la política migratoria.
Es por ello que la gestión de la inmigración se trasforma en un reto para el ejercicio de la política social, ya que, en la actual articulación entre ambos, se evidencian brechas políticas y de gestión, así como también la conflictividad y posibilidad de acuerdo entre los diversos actores involucrados en la gestión de la diversidad en los distintos niveles involucrados (nivel político, nivel local y la comunidad).
En esta dirección, es urgente plantear la política social, como acto de conocimiento sobre la realidad social y abordarla, consecuentemente, como un proceso de gestión del conocimiento, especialmente cuando tratamos con fenómenos emergentes y complejos.
En este sentido señalamos, se deberían revisar propuestas técnicas a nivel local que se orienten a la gestión de la diversidad, especialmente desde aquellas experiencias llevadas adelante por países con amplia tradición en el tema, sin olvidar por cierto las particularidades del acontecimiento inmigratorio en Chile y en especial en la localidad sosteniendo que cualquier intento de planificación en lo social-local, debe tener como sustrato la política social[6].
En lo que sigue nos abocaremos sucintamente a señalar lo que a nuestro juicio aparecen como brechas respecto a inclusión y proximidad en el nivel municipal.
Brechas y desafíos
Brechas en inclusión:
1) Impacto negativo originado por los programas sociales de transferencia condicionada que se ejecutan en el municipio, es decir: “considerar que las personas que suben sus ingresos a través de los subsidios no logran mantener este nivel una vez que estos se terminan o les son retirados”.
2) Política Social implica un modelo de integración social que posee características diferenciadoras y que no se expresan en los programas sociales que se llevan adelante en el nivel municipal, especialmente con población inmigrante y/o refugiada (multiculturalismo, asimilacionismo etc)
3) Déficit en la articulación entre el nivel estatal social (MIDEPLAN/FOSIS), el nivel municipal (DIDECO/DIDESO) y el Ministerio del Interior (Depto de Extranjería y Migración). Este déficit dificulta cualquier proceso de inclusión social y simbólica de los inmigrantes en la localidad.
Estos tres puntos muestran que los principales desafíos a nivel de política social Municipal, en relación a la inclusión, se encuentran en tres ejes:
Desafíos en inclusión:
· Complementar y dar apoyo a los programas de trasferencia condicionada que operan en la localidad con población inmigrante y/o refugiada.
· Incorporar y gestionar la distinción “diversidad” de los servicios sociales municipales en concordancia con un modelo de integración social global y complejo que incorpore un modelo de integración que de desea promover (multicultural, asimilacionista etc).
· Establecer vinculaciones secuenciales, coherentes y complementarias entre política social, servicios sociales municipales y Departamento de Extranjería y Migración.
Brechas en proximidad:
1) Los servicios sociales municipales poseen un carácter tradicional (se encuentran determinados explícitamente en la ley orgánica de municipalidades), situación que los hace rígidos en términos administrativos y respecto a sus campos de competencia.
2) Debido a lo anterior, los servicios sociales municipales no se logran adaptar a las necesidades específicas de los habitantes. Esto quiere decir que difícilmente se logran crear nuevos servicios que apunten en dirección a situaciones emergentes (esto genera lógicas perversas del tipo: “hacer nada más ni nada menos que lo que la ley pide”).
3) Se desprende de lo anterior que el déficit de los servicios sociales municipales no posee un carácter cuantitativo sino cualitativo.
4) Los servicios sociales municipales presentan serio problemas a nivel de gestión (eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de servicios sociales de calidad). Cualquier tipo de reforma debe considerar este punto.
Estos cuatro puntos muestran que los principales desafíos a nivel de política social Municipal, en relación a la proximidad, se encuentran en tres ejes:
Desafíos en proximidad:
· Incorporar herramientas conceptuales (como diversidad, inclusión y proximidad) que permitan calibrar los servicios ofertados.
· Adaptación a las necesidades de los habitantes (inmigrantes) y no lo viceversa.
· Mejorar la gestión de los servicios sociales respecto a fenómenos sociales emergentes.
Los desafíos que enfrenta la política social y la localidad han sido delineados; junto a ello se han trazado algunas brechas a partir de los conceptos de inclusión y proximidad.
Finalizaremos señalando que este tema abre una tremenda oportunidad tanto a la política social como al Municipio, para seguir el camino de una gestión de calidad y transformarse ambos en la primera línea de un Estado de clase mundial al servicio de las personas, escuchando a una población que demanda y exige más al Estado, tanto el calidad como en diversidad de servicios.
Para que esto sea posible, las autoridades políticas y técnicas deben estar abiertas a pensar la política social desde conceptos menos estereotipados y las autoridades locales a tomarse en serio los tremendos desafíos que les depara este siglo.
Muchas gracias
Ante este requerimiento, se hacen precisas reflexiones que logren posicionar conceptos capaces de rendir en estos nuevos escenarios y, simultáneamente, señalar nuevos caminos para intervenciones sociales complejas, avaladas por el Estado, que logren promover y combinar gobernabilidad con altos estándares de calidad.
En lo que sigue nos proponemos contribuir a estas reflexiones. Para ello proponemos pensar la política social de extrema pobreza, mediante el uso de dos conceptos, que a nuestro juicio, cumplen los requerimientos antes señalados, ellos son el de inclusión y el de proximidad.
Este análisis nos permitirá develar “brechas” de la política social a nivel local respecto a los conceptos propuestos y los desafíos hacia los que apuntan.
A fin de hacer mucho más prístino y enfático nuestro afán escópico, utilizaremos la situación de inmigrantes y/o refugiados para evidenciarlas. Esto porque: ¿quién sino el extranjero es capaz de concentrar a un tiempo el requerimiento de igualdad con el de la diferencia?. En este sentido la paradoja del arribante es esta: cuanto más diferente resulta, más se le trata como un igual, privándolo de su legítima diferencia en pos de una igualdad que se asemeja demasiado a la uniformidad.
Si bien una mejor gestión del Estado tiene efectos directos en la equidad, en la superación de la pobreza y en la protección social, no es menos cierto que no todos los Municipios enfrentan niveles de complejidad idénticos y, por lo tanto, no es lo mismo el esfuerzo ni el apoyo que requiere una comuna con mayores ingresos y menos complejidad, que una que recibe a población inmigrante y/o refugiada en su territorio y cuanta con menores ingresos. Este trabajo es un esfuerzo por apoyar a las comunas, en el difícil camino de pensar la complejidad derivada de la diversidad y proponer su gestión esperando con ello apuntar a, lo que señala el Consorcio para la reforma del Estado: Fortalecer la primera línea del Estado.
Cuando la CEPAL planteaba el año 2000 que: “La igualdad simbólica (inmaterial) presente puede constituir el medio privilegiado para lograr una mayor igualdad material en el futuro”[1], evidenciaba que se hace cada vez más urgente examinar, en razón de su contenido, el tipo de vínculo que propone la política social respecto a la población a la que se dirige. Ni una se encuentra supeditada a la otra ni pueden ser comprendidas separadamente.
De lo señalado se desprenden varias consideraciones: 1) La política social constituye un discurso total, infragmentable secuencial[2]; 2) La alteridad es el contenido de la relación propuesta por el Estado a la población[3]; 3) La relación entre la política social y el Otro se da a través de un flujo económico de la alteridad en la relación propuesta[4].
Una relación es siempre asimétrica y cuenta con la anuencia de las partes. La política social parece interpretar particularmente aquello de que no sepa la mano derecha lo que da la izquierda.
En el caso de los inmigrantes y refugiados, por ejemplo, nos referimos a que la política social no se encuentra operando, sino en la superficialidad, insertando a inmigrantes y refugiados a políticas sociales homogéneas. Es así como, en tanto no logre ampliar las categorías desde las que se gesta lo político entre la población beneficiaria y la totalidad de la población, difícilmente podríamos hablar de políticas sociales que contribuyan a la inserción social o más aún, que respeten la diferencia a través de ejes conceptuales como la diversidad.
Si bien se puede argumentar que esta situación es minoritaria y poco representativa del país, esto nos obsta para emprender un análisis que le permita a la política social dar un salto cualitativo y enfrentarse al inmigrante, refugiado o Mapuche como un legitimo Otro en la relación.
En la situación de la inmigración, la política social actúa en forma complementaria a la política migratoria. Fortalece la noción nacional del funcionamiento, inserta al sujeto y su familia a la nación, aún cuando el estatus legal no logre permitirle avanzar en esa dirección. Se le permite el ingreso a Chile pero no a una política social “universal” que lo acoja como Otro.
En ese sentido la ausencia de un nexo lógico entre la política migratoria y la política social genera una contradicción que se expresa en la localidad y que contribuye a fortalecer una operatoria discrecional del campo municipal[5]. Expresión de esta situación son las manifestaciones de racismo, violencia racial y discriminación institucional que afecta a inmigrantes y refugiados que permanecen en el silencio por ausencia de un espacio de proyección público reconocido y validado al interior del país.
Resulta falaz por lo tanto el eslogan presidencial que reza: Chile país multicultural pues no se parte por el principal postulado del multiculturalismo, esto es, reconocer la diversidad a través de la implementación de políticas diferenciadas. Debido a la presión internacional esto parece cambiar, especialmente con el tratado de la OIT que obliga al Estado a ejecutar políticas indígenas con plena participación de los pueblos originarios.
***
El ámbito municipal juega un papel preponderante en el diseño de la política social basada en el enfoque de protección social con subsidiariedad. Paradojalmente es éste el ámbito más descuidado.
Esta paradoja es constitutiva ya que en Chile la política social ha generado programas (como Puente) altamente centralizados en su diseño y estructura: “cuyas definiciones y lineamientos son estipulados en un ámbito institucional con alto poder de decisión y respecto del cual los niveles locales y descentralizados tienen poco espacio de opinión o influencia” (SERRANO:2005). Esta situación ha generado que el relacionamiento con las familias beneficiarias y el monitoreo de los compromisos descanse en agentes, en su mayor parte “externos” al territorio y que se presenten serias dificultades en la gestión de apoyo social local que se oriente en beneficio de las familias.
Si a esta situación adicionamos la alta fragmentación y burocratización de la gestión propia de cada anillo de la política social, el panorama resulta aún más complejo y poco halagüeño, por más que se empeñen en decir lo contrario los operadores políticos que lo sustentan.
Sin duda una de las más manifiestas ausencias en la política social que se viene implementando desde los años noventa en Chile, es la de diversidad. Esta afirmación encuentra su punto de saturación –y ejemplo paradigmático- en fenómenos sociales emergentes, como la inmigración, el refugio o los pueblos originarios. Esto nos lleva a realizar la siguiente afirmación: la inmigración es, ante todo, un tema que involucra (y concierne) a las actitudes de la mayoría, expresadas en la política social estatal y no necesariamente a la población inmigrante que arriba al país, considerada ella como portadora de justas demandas de inserción en la sociedad nacional.
Si bien la política social no constituye el único medio a través del cual se insertan los inmigrantes a la sociedad (ya que en Chile la política migratoria y la situación laboral resultan ámbitos de mayor importancia), cuando consideramos un flujo inmigratorio, como el que se orienta hacia Chile (con un marcado componente femenino y laboral que arriba en busca de mejores condiciones laborales y familiares que proviene de sectores deprivados en sus países de origen), tendremos que la política social se torna, efectivamente, una puerta de entrada a la sociedad nacional.
Frente a esto la política social debería ser concebida como un mecanismo que garantice, por una parte, un trato igualitario a inmigrantes respecto a la población nacional y, por otro, que se adapte a los requerimientos y características culturales y étnicas de la población, por ejemplo, capacitando y formando al personal respecto a la dinámica familiar (fractura de lazos culturales, familiares o religiosos), el racismo o la discriminación.
Por lo expresado anteriormente resulta imposible, a mi juicio, sostener que existe actualmente una política social capaz de abordar la diversidad respecto a la gestión de la inmigración, el refugio o situación de pueblos originarios, ya que ello requeriría tratar consistentemente la alteridad como contenido de la relación de inclusión social que se pretende extender al inmigrante vía política social, asumiendo la preponderancia de este factor como agente de inserción social.
El nivel municipal, sin embargo, enfrenta el mayor desafío. Este desafío consiste en dejar atrás una visión parcial y homogénea de los procesos sociales que debería administrar y de los que esta última centuria, no ha hecho sino dejar una marcada estela en las localidades (algunos ejemplos: emergencia étnica, inmigración, delitos informáticos, redes de comercio virtual etc).
Hoy la diversidad se manifiesta como margen y como límite, sin embargo, se acendra indirectamente en los requerimientos políticos que se le hacen al gobierno local, ¿pueden verlo los representantes políticos locales?.
Frente a ello dimensionar la diversidad constituye repensar los objetivos de la administración local y, paulatinamente, desplegar modelos de convivencia anclados en principios sólidos que garanticen la armonía entre personas de distintos orígenes culturales, étnicos, religiosos o nacionales. En este sentido la inmigración -y el refugio- dan forma a una oportunidad para comenzar este proceso y, paulatinamente, extenderlo hacia otros grupos sociales que hoy viven en la localidad y que son pensados por los administradores como un todo sin partes.
***
Para dar forma y consistencia a una acción desde el Estado, capaz de enfrentarse a un desafío como la gestión de la diversidad a partir de la inmigración, resulta imprescindible avanzar desde un cuestionamiento radical a ambos conceptos (protección social y subsidiariedad) a la vez que crear y articular nexos, inexistentes hasta la fecha, entre diferentes niveles de ejecución de las políticas sociales: el nivel nacional, el nivel local y el nivel de la política migratoria.
Es por ello que la gestión de la inmigración se trasforma en un reto para el ejercicio de la política social, ya que, en la actual articulación entre ambos, se evidencian brechas políticas y de gestión, así como también la conflictividad y posibilidad de acuerdo entre los diversos actores involucrados en la gestión de la diversidad en los distintos niveles involucrados (nivel político, nivel local y la comunidad).
En esta dirección, es urgente plantear la política social, como acto de conocimiento sobre la realidad social y abordarla, consecuentemente, como un proceso de gestión del conocimiento, especialmente cuando tratamos con fenómenos emergentes y complejos.
En este sentido señalamos, se deberían revisar propuestas técnicas a nivel local que se orienten a la gestión de la diversidad, especialmente desde aquellas experiencias llevadas adelante por países con amplia tradición en el tema, sin olvidar por cierto las particularidades del acontecimiento inmigratorio en Chile y en especial en la localidad sosteniendo que cualquier intento de planificación en lo social-local, debe tener como sustrato la política social[6].
En lo que sigue nos abocaremos sucintamente a señalar lo que a nuestro juicio aparecen como brechas respecto a inclusión y proximidad en el nivel municipal.
Brechas y desafíos
Brechas en inclusión:
1) Impacto negativo originado por los programas sociales de transferencia condicionada que se ejecutan en el municipio, es decir: “considerar que las personas que suben sus ingresos a través de los subsidios no logran mantener este nivel una vez que estos se terminan o les son retirados”.
2) Política Social implica un modelo de integración social que posee características diferenciadoras y que no se expresan en los programas sociales que se llevan adelante en el nivel municipal, especialmente con población inmigrante y/o refugiada (multiculturalismo, asimilacionismo etc)
3) Déficit en la articulación entre el nivel estatal social (MIDEPLAN/FOSIS), el nivel municipal (DIDECO/DIDESO) y el Ministerio del Interior (Depto de Extranjería y Migración). Este déficit dificulta cualquier proceso de inclusión social y simbólica de los inmigrantes en la localidad.
Estos tres puntos muestran que los principales desafíos a nivel de política social Municipal, en relación a la inclusión, se encuentran en tres ejes:
Desafíos en inclusión:
· Complementar y dar apoyo a los programas de trasferencia condicionada que operan en la localidad con población inmigrante y/o refugiada.
· Incorporar y gestionar la distinción “diversidad” de los servicios sociales municipales en concordancia con un modelo de integración social global y complejo que incorpore un modelo de integración que de desea promover (multicultural, asimilacionista etc).
· Establecer vinculaciones secuenciales, coherentes y complementarias entre política social, servicios sociales municipales y Departamento de Extranjería y Migración.
Brechas en proximidad:
1) Los servicios sociales municipales poseen un carácter tradicional (se encuentran determinados explícitamente en la ley orgánica de municipalidades), situación que los hace rígidos en términos administrativos y respecto a sus campos de competencia.
2) Debido a lo anterior, los servicios sociales municipales no se logran adaptar a las necesidades específicas de los habitantes. Esto quiere decir que difícilmente se logran crear nuevos servicios que apunten en dirección a situaciones emergentes (esto genera lógicas perversas del tipo: “hacer nada más ni nada menos que lo que la ley pide”).
3) Se desprende de lo anterior que el déficit de los servicios sociales municipales no posee un carácter cuantitativo sino cualitativo.
4) Los servicios sociales municipales presentan serio problemas a nivel de gestión (eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de servicios sociales de calidad). Cualquier tipo de reforma debe considerar este punto.
Estos cuatro puntos muestran que los principales desafíos a nivel de política social Municipal, en relación a la proximidad, se encuentran en tres ejes:
Desafíos en proximidad:
· Incorporar herramientas conceptuales (como diversidad, inclusión y proximidad) que permitan calibrar los servicios ofertados.
· Adaptación a las necesidades de los habitantes (inmigrantes) y no lo viceversa.
· Mejorar la gestión de los servicios sociales respecto a fenómenos sociales emergentes.
Los desafíos que enfrenta la política social y la localidad han sido delineados; junto a ello se han trazado algunas brechas a partir de los conceptos de inclusión y proximidad.
Finalizaremos señalando que este tema abre una tremenda oportunidad tanto a la política social como al Municipio, para seguir el camino de una gestión de calidad y transformarse ambos en la primera línea de un Estado de clase mundial al servicio de las personas, escuchando a una población que demanda y exige más al Estado, tanto el calidad como en diversidad de servicios.
Para que esto sea posible, las autoridades políticas y técnicas deben estar abiertas a pensar la política social desde conceptos menos estereotipados y las autoridades locales a tomarse en serio los tremendos desafíos que les depara este siglo.
Muchas gracias
Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile
[1] En Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. Publicación de CEPAL y Naciones Unidas 2000.
[2] En este sentido ni mejor ni peor, pues resulta incomparable. Tal vez el único eje comparativo de una política social es aquello que deja de abordar, es decir, sus puntos ciegos.
[3] Sin olvidar que esta relación bajo ningún punto de vista es equitativo, ni equivalente, sino, al decir de Bourdieu, una posición en un juego donde la política social es un acto de conocimiento.
[4] La presencia del Otro se encuentra sujeta a cálculo, se dosifica, se anula, se fagocita, vende y compra.
[5] Debido a esta situación quienes toman decisiones relativas a inmigración y refugio ignoran el funcionamiento y los accesos “consistentes” a los que puede acceder un inmigrante.
[6] Esta relevancia está dada por la profunda cultura estatista en lo social que se comienza a desplegar desde mediados de los años 50 en Chile.
[1] En Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. Publicación de CEPAL y Naciones Unidas 2000.
[2] En este sentido ni mejor ni peor, pues resulta incomparable. Tal vez el único eje comparativo de una política social es aquello que deja de abordar, es decir, sus puntos ciegos.
[3] Sin olvidar que esta relación bajo ningún punto de vista es equitativo, ni equivalente, sino, al decir de Bourdieu, una posición en un juego donde la política social es un acto de conocimiento.
[4] La presencia del Otro se encuentra sujeta a cálculo, se dosifica, se anula, se fagocita, vende y compra.
[5] Debido a esta situación quienes toman decisiones relativas a inmigración y refugio ignoran el funcionamiento y los accesos “consistentes” a los que puede acceder un inmigrante.
[6] Esta relevancia está dada por la profunda cultura estatista en lo social que se comienza a desplegar desde mediados de los años 50 en Chile.
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