Sustentabilidad política e intervenciones.

Tal vez uno de los más sólidos indicadores de la sustentabilidad de un programa social de carácter público sea el componente político.

No es raro oír que los diversos y lentos pasos que se dieron en pos de la instalación de un programa social en un territorio, se vinieron abajo intempestivamente debido a un “cambio” en el signo político de sus autoridades; cuando no la aplicación de eso que en el arte de la guerra se llama: “estrategia de campo arrasado” y que consiste en destruir e inutilizar, en la huída, la mayor cantidad de cultivos y maquinarias para que el enemigo no las aproveche.

Este caso representa mucho más que una anécdota: representa una forma primitiva y efectiva de la lucha política (en este caso parodiando a Carl Von Clausewitz, diremos que la intervención social es la continuación de la guerra/política, por otros medios) y sobre todo una ausencia grave: la escasa consideración política de la sustentabilidad de las iniciativas que van en favor de la población en la que se asientan esos campos políticos.

Esta ausencia puede ser ilustrada mediante la falta de indicadores de sustentabilidad política de los programas sociales en los territorios, cuando no los tempestuosos anuncios “sociales” de los diversos candidatos y que vienen a “invalidar” los programas que ya se ejecutan.

Sustentabilidad quiere decir que los programas sociales más que centrados en los resultados específicos (que por lo demás son exigibles, mensurables y deberían ser fiscalizados en prácticas de accuntability local), deben responder por el impacto que generan. Deben mostrar que, si no generan un bienestar a la población, al menos no la perjudican (más).

En este sentido hablar de sustentabilidad de la intervención, no quiere decir “perpetuidad” de los operadores, es decir, que la permanencia en el cargo de un personero a cargo de un programa social no es condición del buen funcionamiento del programa mismo.

Si se confunden comúnmente ambas esferas (perpetuidad en los cargos con sustentabilidad de los programas), es justamente porque el componente político de la intervención se encuentra claramente inclinado en favor de los operadores, por sobre el de sus públicos. En este sentido es triste constatar que los sueldos de los funcionarios a cargo de programas sociales, aún en comunas pobres, resulta grosero, especialmente cuando no está relacionado con el nivel de instrucción del mismo.

Puede parecer claro que el anclaje político de los programas debe estar adscrito a la “legitimidad” que emana del cargo y no de los operadores como personas naturales, sin embargo, pienso que la sustentabilidad de las intervenciones debería centrarse en los impactos (la promesa) del programa en sus públicos, es decir, en garantizar que el programa social lleve a su públicos de “A” a “B” y no a “Z” o “K” más aún si los mecanismos de fiscalización son débiles o inexistentes como ocurre con ONGs que implementan programas a partir de licitaciones.

Finalmente, reitero que el anclaje político de las intervenciones es la condición de posibilidad de la sustentabilidad de las intervenciones sociales, la garantía de prevención de las prácticas de “tierra arrasada” y una garantía de continuidad para los públicos. En este sentido pienso que el principal desafíos consiste hoy en establecer y operacionalizar indicadores de sustentabilidad política en los gobiernos locales y, de esa manera, fortalecer una primera línea de atención del Estado, vigorosa y capaz de estar a la altura de los desafíos de este nuevo milenio.

Ángel Marroquín Pinto
Magíster en Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile