El campo político-conceptual de la política social se tensa cuando emerge la figura del inmigrante: ¿Es posible que la política social sea explícitamente el nexo entre el Estado y el inmigrante?
Lo político puede ser visto como una unidad, donde ésta se genera y proyecta desde funcionamientos intersubjetivos. Esta perspectiva, apunta hacia la determinación del mecanismo desde el que se gesta lo político. Para Norbert Lechner: “El sujeto no se construye positivamente y “hacia adentro”, para establecer luego relaciones “hacia afuera”; se trata de un solo y mismo proceso. Presumo que un sujeto se constituye por delimitación a otro. A través del establecimiento conflictivo o negociado de los límites entre uno y otro, los sujetos se ponen recíprocamente”[1].
En virtud de lo que plantea Lechner, el inmigrante no es entonces únicamente símbolo (como nos podría hacer creer una visión dicotómica extranjero/vernáculo), sino nexo, intersticio que se enuncia políticamente y “desde el que se eleva la construcción política, es pues borde, límite”.
Por lo tanto el inmigrante se “pone” (en juego, desplegando su presencia en el lugar), al mismo tiempo en que manifiesta, cuestiona y conmina al espacio político (sea local, estatal o internacional), ya que lo abre a la alteridad, donde ésta va mucho más allá de la que se refiere a la idea de una comunidad “nación”, ejemplo de ello es la actual desterritorilización de las sociedades de partida y los complejos vínculos que mantienen el inmigrante. En estos nuevos escenarios, se evidencia la emergencia de referentes compartidos: el universalismo moral en palabras de Habermas[2].
Los bordes y márgenes del Estado-nación son así empujados más allá de la legalidad en la que pretende descansar su justificación última.
Este ámbito simbólico (entendido ahora como coordenadas cognitivas) relativo al inmigrante se construye en la relación con el espacio público a un tiempo, no le es inherente, es decir no puede ser impuesto.
Más que derechos concedidos con la ciudadanía o pseudociudadanía, el extranjero debe desplazarse por geografías sinuosas hasta descubrir formas de relación con el país de arribo. Es pues a través del Estado de ese país que se abren las relaciones mediante la política migratoria.
Ahí vemos bifurcarse el camino. Uno de ellos, que comparten turistas e inversionistas, conduce hacia la diferenciación del “extranjero” por el estatus asociado a su nacionalidad e ingresos. Otro, que comparten los inmigrantes económicos y políticos, conduce hacia la segmentación espacial, la incorporación desigual en el mercado laboral nacional y la discriminación abierta o encubierta[3]. Aquí la alteridad (o contenido relacional) pasa a ser un atributo secundario desde el Estado y no un producto de la relación, la alteridad es una propiedad de la relación en la subordinación y no la emergencia de nuevos referentes políticos que superen la homogeneidad cognitiva que impone la política social.
El énfasis del carácter laboral de la inmigración actual habla de la posibilidad de instaurar y consolidar nichos laborales capaces de generar identidad en los propios inmigrantes y desde allí promover una integración en la sumisión cultural. Situación que se da con la aquiescencia y Deseo de los propios afectados y en pos de un orden y primacía de lo nacional.
La noción de lo público no sólo es ambigua sino que a la vez inaccesible, un castillo frente al que se detiene el recién llegado, el arribante.
El extranjero se mueve desde un estado a otro, por lo tanto, se le hace necesario junto con la frontera, transitar también y al mismo tiempo, hacia otra forma de configurar lo que se entiende por lo público. No resulta casual la desconfianza ni el temor a una legalidad ambigua y diferenciada por el filtro de la segregación fronteriza sino el primer movimiento hacia la diferenciación.
Si bien la lectura del espacio público que lleva adelante el inmigrante, en este momento, puede hallarse influida por los objetivos (ya sean estos individuales y/o familiares) y metas de su tránsito (hacer negocios, buscar empleo, viajar, conocer etc.), importa como movimiento previo de re-conocimiento respecto al y en el estado. Ahora la pregunta que emerge es la siguiente: ¿Se está cruzando realmente una frontera?
¿Fácticamente es posible hablar de otro país cuando la globalización económica parece, como aseguran los expertos, difuminar las diferencias e integrar, con su movimiento, a países diversos en un gran conglomerado llamado aldea global?. Es esta una ambigüedad que no resulta trivial.
Los estados nacionales perviven y a ellos se dirige el extranjero más allá de la ambigüedad que ronda sobre el Nosotros universalista[4].
Sin perjuicio de ello y a su vez existe algo que es llamado política pública y que encuentra su motor en la enunciación de quien se hace para ella visible, es, por lo tanto, una maquinaria metafórica que opera sobe intersticios (sobre lo que Norbert Lechner denomina la dimensión subjetiva de la política), y a la vez, se abalanza sobre sujetos concretos a los que les es preciso nombrar, hacer aparecer, evidenciar, sacar de sus anónimas guaridas, para poner en funcionamiento la maquinaria administrativa. De ello se desprende que no es ingenua ni tampoco que tiene la pretensión de trabajar para seres ingenuos, a pesar de ser intangible, en algún lugar existe su centro en el que se piensa ordenadamente la forma en que crear alusiones aún inexistentes del todo.
Si bien el contacto entre el extranjero y el Estado se da a través de mecanismos jurídicos (nos referimos a la política migratoria), una vez que el extraño logra conducirse hacia la habitación en el país, ya se torna objeto de política social, ya sea en forma directa (al contar con permiso de trabajo o a través de la concesión de una visa), en forma indirecta relacionándose con el estado a través de su política social. Si bien este contacto no es unidireccional, la opinión del extranjero no cuenta con representatividad política hasta que no ha cumplido con los requisitos legales que lo habilitan como votante, sin contar con el hecho de que su voz no posee las tribunas políticas -ni siquiera se le garantizan- que el resto de la población. No son objeto de instrumentalización política.
De ello se desprende la paradoja que señala que el extranjero puede, en Chile, contar con derechos laborales pero no así con ciudadanía efectiva hasta no contar obligatoriamente con cinco años de residencia continua en el país y a la vez haber sido sometido, al menos por dos años en forma continua y obligada, a una única relación laboral, que en muchas ocasiones se da en la subordinación y la explotación económica más brutal pero, sin embargo, de la que depende la posibilidad de acceder a una permanencia definitiva y a derechos políticos.
[1] Lechner Norbert. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. En Obras Escogidas. LOM Ediciones. Santiago. Chile. (2005:172).
[2] Donde éste significa: “Que se relativiza la propia forma de existencia atendiendo a las pretensiones legítimas de las demás formas de vida, que se reconocen iguales derechos a los otros, a los extraños, con todas sus idiosincrasias y todo lo que en ellos nos resulta difícil de entender, que uno no se empecina en la universalización de la propia identidad, que uno no excluye y condena todo cuanto se desvíe de ella, que los ámbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente mayores de lo que son hoy; todo esto es lo que quiere decir universalismo moral” Habermas Jurgen. Identidades nacionales y postnacionales. Editorial Tecnos (1994:117).
[3] Esta visión no se pretende definitiva sino gráfica, ilustrativa, a la hora de mostrar que las trayectorias y tránsitos del extranjero se ven influidos por dimensiones externas a ellos y que buscan situarlos simbólicamente como portadores de atributos específicos.
[4] Al respecto parece paradojal que un niño nacido en un país determinado cuente con la nacionalidad de ese país, a través del principio jurídico del juis solis y que brinda preeminencia a la territorialidad del nacimiento como origen de nacionalidad y, a la vez, a través del principio de juis sanguinis que lo brinda por relaciones de parentesco.
Lo político puede ser visto como una unidad, donde ésta se genera y proyecta desde funcionamientos intersubjetivos. Esta perspectiva, apunta hacia la determinación del mecanismo desde el que se gesta lo político. Para Norbert Lechner: “El sujeto no se construye positivamente y “hacia adentro”, para establecer luego relaciones “hacia afuera”; se trata de un solo y mismo proceso. Presumo que un sujeto se constituye por delimitación a otro. A través del establecimiento conflictivo o negociado de los límites entre uno y otro, los sujetos se ponen recíprocamente”[1].
En virtud de lo que plantea Lechner, el inmigrante no es entonces únicamente símbolo (como nos podría hacer creer una visión dicotómica extranjero/vernáculo), sino nexo, intersticio que se enuncia políticamente y “desde el que se eleva la construcción política, es pues borde, límite”.
Por lo tanto el inmigrante se “pone” (en juego, desplegando su presencia en el lugar), al mismo tiempo en que manifiesta, cuestiona y conmina al espacio político (sea local, estatal o internacional), ya que lo abre a la alteridad, donde ésta va mucho más allá de la que se refiere a la idea de una comunidad “nación”, ejemplo de ello es la actual desterritorilización de las sociedades de partida y los complejos vínculos que mantienen el inmigrante. En estos nuevos escenarios, se evidencia la emergencia de referentes compartidos: el universalismo moral en palabras de Habermas[2].
Los bordes y márgenes del Estado-nación son así empujados más allá de la legalidad en la que pretende descansar su justificación última.
Este ámbito simbólico (entendido ahora como coordenadas cognitivas) relativo al inmigrante se construye en la relación con el espacio público a un tiempo, no le es inherente, es decir no puede ser impuesto.
Más que derechos concedidos con la ciudadanía o pseudociudadanía, el extranjero debe desplazarse por geografías sinuosas hasta descubrir formas de relación con el país de arribo. Es pues a través del Estado de ese país que se abren las relaciones mediante la política migratoria.
Ahí vemos bifurcarse el camino. Uno de ellos, que comparten turistas e inversionistas, conduce hacia la diferenciación del “extranjero” por el estatus asociado a su nacionalidad e ingresos. Otro, que comparten los inmigrantes económicos y políticos, conduce hacia la segmentación espacial, la incorporación desigual en el mercado laboral nacional y la discriminación abierta o encubierta[3]. Aquí la alteridad (o contenido relacional) pasa a ser un atributo secundario desde el Estado y no un producto de la relación, la alteridad es una propiedad de la relación en la subordinación y no la emergencia de nuevos referentes políticos que superen la homogeneidad cognitiva que impone la política social.
El énfasis del carácter laboral de la inmigración actual habla de la posibilidad de instaurar y consolidar nichos laborales capaces de generar identidad en los propios inmigrantes y desde allí promover una integración en la sumisión cultural. Situación que se da con la aquiescencia y Deseo de los propios afectados y en pos de un orden y primacía de lo nacional.
La noción de lo público no sólo es ambigua sino que a la vez inaccesible, un castillo frente al que se detiene el recién llegado, el arribante.
El extranjero se mueve desde un estado a otro, por lo tanto, se le hace necesario junto con la frontera, transitar también y al mismo tiempo, hacia otra forma de configurar lo que se entiende por lo público. No resulta casual la desconfianza ni el temor a una legalidad ambigua y diferenciada por el filtro de la segregación fronteriza sino el primer movimiento hacia la diferenciación.
Si bien la lectura del espacio público que lleva adelante el inmigrante, en este momento, puede hallarse influida por los objetivos (ya sean estos individuales y/o familiares) y metas de su tránsito (hacer negocios, buscar empleo, viajar, conocer etc.), importa como movimiento previo de re-conocimiento respecto al y en el estado. Ahora la pregunta que emerge es la siguiente: ¿Se está cruzando realmente una frontera?
¿Fácticamente es posible hablar de otro país cuando la globalización económica parece, como aseguran los expertos, difuminar las diferencias e integrar, con su movimiento, a países diversos en un gran conglomerado llamado aldea global?. Es esta una ambigüedad que no resulta trivial.
Los estados nacionales perviven y a ellos se dirige el extranjero más allá de la ambigüedad que ronda sobre el Nosotros universalista[4].
Sin perjuicio de ello y a su vez existe algo que es llamado política pública y que encuentra su motor en la enunciación de quien se hace para ella visible, es, por lo tanto, una maquinaria metafórica que opera sobe intersticios (sobre lo que Norbert Lechner denomina la dimensión subjetiva de la política), y a la vez, se abalanza sobre sujetos concretos a los que les es preciso nombrar, hacer aparecer, evidenciar, sacar de sus anónimas guaridas, para poner en funcionamiento la maquinaria administrativa. De ello se desprende que no es ingenua ni tampoco que tiene la pretensión de trabajar para seres ingenuos, a pesar de ser intangible, en algún lugar existe su centro en el que se piensa ordenadamente la forma en que crear alusiones aún inexistentes del todo.
Si bien el contacto entre el extranjero y el Estado se da a través de mecanismos jurídicos (nos referimos a la política migratoria), una vez que el extraño logra conducirse hacia la habitación en el país, ya se torna objeto de política social, ya sea en forma directa (al contar con permiso de trabajo o a través de la concesión de una visa), en forma indirecta relacionándose con el estado a través de su política social. Si bien este contacto no es unidireccional, la opinión del extranjero no cuenta con representatividad política hasta que no ha cumplido con los requisitos legales que lo habilitan como votante, sin contar con el hecho de que su voz no posee las tribunas políticas -ni siquiera se le garantizan- que el resto de la población. No son objeto de instrumentalización política.
De ello se desprende la paradoja que señala que el extranjero puede, en Chile, contar con derechos laborales pero no así con ciudadanía efectiva hasta no contar obligatoriamente con cinco años de residencia continua en el país y a la vez haber sido sometido, al menos por dos años en forma continua y obligada, a una única relación laboral, que en muchas ocasiones se da en la subordinación y la explotación económica más brutal pero, sin embargo, de la que depende la posibilidad de acceder a una permanencia definitiva y a derechos políticos.
[1] Lechner Norbert. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. En Obras Escogidas. LOM Ediciones. Santiago. Chile. (2005:172).
[2] Donde éste significa: “Que se relativiza la propia forma de existencia atendiendo a las pretensiones legítimas de las demás formas de vida, que se reconocen iguales derechos a los otros, a los extraños, con todas sus idiosincrasias y todo lo que en ellos nos resulta difícil de entender, que uno no se empecina en la universalización de la propia identidad, que uno no excluye y condena todo cuanto se desvíe de ella, que los ámbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente mayores de lo que son hoy; todo esto es lo que quiere decir universalismo moral” Habermas Jurgen. Identidades nacionales y postnacionales. Editorial Tecnos (1994:117).
[3] Esta visión no se pretende definitiva sino gráfica, ilustrativa, a la hora de mostrar que las trayectorias y tránsitos del extranjero se ven influidos por dimensiones externas a ellos y que buscan situarlos simbólicamente como portadores de atributos específicos.
[4] Al respecto parece paradojal que un niño nacido en un país determinado cuente con la nacionalidad de ese país, a través del principio jurídico del juis solis y que brinda preeminencia a la territorialidad del nacimiento como origen de nacionalidad y, a la vez, a través del principio de juis sanguinis que lo brinda por relaciones de parentesco.
